Durante el debate presidencial del domingo pasado, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, decidió abordar el tema de la seguridad ciudadana, pese a que no era uno de los puntos en agenda, utilizando un planteamiento que hizo honor a la ‘mano dura’ que le atribuye parte de su electorado. Ahí, como solución al problema de criminalidad en el país, afirmó: “No me temblará la mano para declarar el estado de emergencia”.
No era la primera vez que la señora Fujimori se pronunciaba a favor de esta medida. La semana pasada, por ejemplo, declaró desde Puno que la ola criminal en Lima había escalado muchísimo y por ello consideraría implementar el estado de emergencia en la capital.
Si bien es cierto que la alta criminalidad que enfrentan Lima y varias otras ciudades del país requiere una respuesta urgente, la propuesta de la candidata del fujimorismo no trae consigo el antídoto adecuado.
Como se sabe, la declaratoria de emergencia supone una serie de restricciones de derechos de los ciudadanos como la libertad de reunión, de tránsito y la inviolabilidad del domicilio. Sin embargo, no parece ser que la vigencia de estas libertades sea el impedimento que obstaculiza la labor de las fuerzas del orden. ¿O es que acaso la delincuencia en el país prolifera porque la policía no puede ingresar a las viviendas donde habitan los criminales?
La evidencia reciente del Callao, además, demuestra la reducida eficacia de tal régimen de excepción. Así, entre enero y mayo del 2015 se registraron 54 homicidios en la provincia constitucional, mientras que en el 2016 con la declaratoria de emergencia vigente, el número se redujo solo a 45 (hasta el 20 de mayo). El ratio de asesinatos por mes en el Callao apenas pasó de 10 a 9, y en algunos meses como enero y abril del presente año, la incidencia aumentó.
Es el caso, también, que al constatar la mayor vigilancia en una localidad, los delincuentes se dispersen a zonas aledañas o mantengan un perfil bajo mientras dure el régimen temporal, como han advertido varios expertos. Al respecto, el alcalde de San Martín de Porres, Adolfo Mattos, ha manifestado que desde la implementación del estado de emergencia en el Callao su distrito ha visto un incremento en delitos graves del 33%.
Es de esperar, pues, que lo que se ha convertido en uno de los tres principales problemas del país para el 61% de la población, requiera de un plan de acción más elaborado y un tratamiento que excede los alcances de una poción mágica que cure la enfermedad de la noche a la mañana, así lleve la etiqueta “estado de emergencia” en el frasco.
Y es que, así como sucede con las enfermedades degenerativas, el deterioro de la seguridad en el país no ha sido repentino, ni ocasionado por una situación excepcional o coyuntural. La inseguridad ciudadana tiene raíces en problemas más estructurales como la falta de capacitación y recursos en el aparato policial encargado de combatirla, la ausencia de planes adecuados de inteligencia, en especial, respecto de zonas crecientemente delincuenciales, la terrible situación carcelaria y la evidente descoordinación entre policías, fiscales y jueces, entre varias otras.
Por ello, la impertinencia de esta medida puede ser grave si distrae la atención de acciones y reformas verdaderamente útiles para atacar los orígenes del problema (entre ellos, fortalecer los trabajos de inteligencia de la policía, capacitar y equipar correctamente a nuestros efectivos y coordinar sus operaciones junto con el Ministerio Público y el Poder Judicial).
Quizá lo más prudente para la señora Fujimori en este caso sea escuchar a uno de sus voceros en temas de seguridad, Octavio Salazar, quien la semana pasada afirmó que el estado de emergencia “es un engañamuchachos”, aunque haya querido atemperar luego su declaración cuando se le recordó que la propuesta que él desechaba provenía de su lideresa de partido. Del mismo modo que haría bien Pedro Pablo Kuczynski en mantener su posición inicial por la que descartaba un estado de emergencia y privilegiaba un plan coherente para combatir la delincuencia, aunque luego haya dicho que sí podría ser necesario en algunos barrios muy peligrosos.
Más peligroso que una enfermedad muy seria puede resultar una mala receta para tratarla.
