SÁBADO 28 DE MAYO DEL 2016 | 10:13

Editorial: Rápidos y furiosos

Otro caso más en el que la delincuencia gana gracias a la descoordinación entre policía, fiscales y jueces.

                  

La semana pasada, luego de una exitosa operación de inteligencia de la policía –lo que más reclamamos a nuestros efectivos–, fueron capturados cinco presuntos marcas que integraban la organización criminal Los Rápidos y Furiosos, cuando se disponían a asaltar a un comerciante en el distrito de Comas. Los sujetos tenían en su poder revólveres, pasamontañas y droga. Tres de ellos tienen antecedentes por robo, robo agravado, tenencia ilegal de armas y terrorismo. Uno incluso tenía arresto domiciliario. Sin embargo, 24 horas después, todos estaban libres “en las calles otra vez”, como denunció el frustrado jefe de la Divincri de Carabayllo, como tantas veces ha advertido la prensa, como tantas veces nos hemos resignado a constatar las víctimas de la criminalidad en el país.

¿Qué pasó entre la captura y la liberación? El gran bonetón. La policía culpó a la fiscal Carmen Gonzales por no pedir una ampliación del plazo para investigar a los detenidos, lo que hubiera evitado que tuvieran que ser puestos en libertad a las 24 horas. La fiscal acusó a la policía de retener a los sospechosos por cinco horas sin comunicárselo, lo que retrasó el informe que debía elaborar y remitir al juez de Lima Norte, Raúl Caro, a quien también fustigó por no aceptar dicho documento por un retraso de cinco minutos. Mientras que el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte responsabilizó a la PNP y al Ministerio Público, por su descoordinación.

¿Y quién es el culpable? Las tres instituciones. La Defensoría del Pueblo, felizmente, sí actuó rápido para esclarecer las responsabilidades de todos los involucrados en un comunicado público. Explicó que la falta de comunicación entre policía y fiscalía demuestra el incumplimiento del deber de inmediatez que se requiere para estas funciones; que la fiscal pudo extender la investigación, y con sustento legal, dado que el caso involucraba a una organización criminal y posible tráfico ilícito de drogas; y que ningún juez puede dejar de recibir los pedidos que le presenten.

La indignación que ha causado este hecho permite evidenciar que el aumento de la criminalidad no solo tiene que ver con la pobreza o la falta de recursos y equipamiento de las autoridades, sino también –y quizá principalmente– con la desorganización de los mecanismos e instituciones encargados de restablecer el principio de autoridad y combatir la delincuencia.

Pues de poco pueden servir mejor infraestructura o leyes drásticas y endurecimiento de penas, si los responsables a cargo de aplicarlas no tienen el criterio para ejecutarlas adecuadamente o ni siquiera se sienten integrantes y responsables de lo que debería ser un sistema de lucha contra la criminalidad. Así pues, la delincuencia va a seguir en aumento mientras los inescrupulosos sepan que la acción delictiva tiene pocas probabilidades de ser detectada o, si es descubierta, pocas probabilidades de ser castigada. ¿Se puede pensar acaso que los delincuentes van a disminuir su acción frente a unas autoridades que se muestran no solo incapaces de detenerlos sino además incapaces de entenderse para cumplir con sus funciones?

El caso de Los Rápidos y Furiosos no es aislado, como dice bien el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe. Lo que sí son aislados son los casos en los que se sanciona debidamente a los funcionarios responsables y, más aun, en los que se adoptan los correctivos institucionales para evitar su reiteración. Un espíritu de cuerpo mal entendido y circunscrito a la institución a la que se pertenece y no a la tarea funcional que se realiza, lleva a perder la perspectiva del objetivo y, con ello, la eficacia de la acción gubernamental.

Sin un cambio drástico en dichas instituciones no podremos avanzar en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Así las cosas, si no se actúa de manera pronta con una reforma integral, seguiremos presenciando delincuentes que rápida y furiosamente sacan ventaja a nuestras lentas e indolentes autoridades.